Durante un acalorado debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, enfrentó críticas por la supuesta falta de respuestas a un cuestionario relacionado con la ejecución presupuestal de su despacho. Desde la oposición, representantes reclamaron la ausencia de información crucial para el análisis del presupuesto del Ministerio de Igualdad, señalando que no se había entregado el cuestionario requerido para la discusión.
Márquez, en su intervención, aclaró que su despacho sí envió las respuestas solicitadas a la Comisión a través de correo electrónico el día anterior al debate, pero que el mensaje «rebotó» en dos ocasiones, impidiendo su recepción.
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Lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta Comisión se envió el día ayer, a las 9:22 de la mañana, la respuesta al cuestionario. Que rebotó. Dos veces lo mandamos. Rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio
explicó la vicepresidenta.
Márquez destacó que se revisará el motivo por el cual la información no llegó correctamente, pero insistió en que su despacho cumplió con sus obligaciones: «Soy respetuosa de la institución, del Congreso. Me citaron. Aquí estoy presente».
A pesar de sus explicaciones, la respuesta de la ministra no logró aplacar las críticas. Desde la oposición, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, arremetió contra la vicepresidenta, afirmando que “no entiende de respeto ni mucho menos de sus funciones”. Cadavid insistió en que Márquez debe responder de manera adecuada ante el Congreso y la acusó de tratar al Parlamento como «la sala de su casa ni en una reunión de su partido.»
El debate se realizó en el marco de la discusión sobre el proyecto del Gobierno que decreta el Presupuesto Nacional de 2025. Además de Márquez, también estaban citados otros altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, y la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago.
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