La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro en el acceso a los servicios de salud en Colombia luego de que la Superintendencia Nacional de Salud realizara una auditoría a Audifarma.
La inspección, que se llevó a cabo de manera simultánea en un establecimiento farmacéutico en Bogotá y en su centro de distribución, permitió identificar retrasos en la entrega de medicamentos, lo que llevó a la orden de su traslado inmediato a los pacientes afectados.
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El informe de la Defensoría del Pueblo revela un aumento del 75,7 % en las quejas relacionadas con el acceso a la salud en los últimos dos años. Entre las principales problemáticas detectadas se encuentran:
- Retrasos en la entrega de medicamentos, con un incremento de 2 123 quejas en 2022 a 5 284 en 2025.
- Falta de oportunidad en la asignación de citas con especialistas, pasando de 4 262 reclamos en 2022 a 9 349 en 2024.
- Deficiencias en la prestación de servicios médicos esenciales, con un aumento de 4 607 a 7 714 quejas en el mismo periodo.
- Incumplimiento de fallos de tutela y desacatos judiciales, lo que ha afectado el acceso efectivo a tratamientos y procedimientos.
Además, la Defensoría ha documentado el cierre de 1 200 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en 2024, principalmente privadas, afectando la atención en varias regiones del país. Esto ha generado que en ciudades como Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico los pacientes enfrenten mayores dificultades para acceder a servicios médicos y a la entrega de medicamentos.
Auditoría a Audifarma y hallazgos de Supersalud
Durante la auditoría a Audifarma, la Supersalud verificó el listado de medicamentos pendientes con corte al 21 de marzo de 2025 y lo comparó con el inventario físico en el centro de distribución. En la inspección se detectaron 6 116 unidades de medicamentos pendientes, entre ellos 22 fármacos esenciales, de los cuales 20 eran de uso frecuente y dos, Tacrolimus cápsula de 1 mg y Micofenolato de Mofetilo, son fundamentales para pacientes postrasplante.
Ante esta situación, la Supersalud ordenó el traslado inmediato de los medicamentos represados en un plazo máximo de 24 horas, garantizando su entrega a los pacientes que los requerían en el punto de dispensación de la calle 26 y en otros centros de atención en Bogotá.
El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, reiteró que los medicamentos son un bien de carácter social y que la entrega tardía pone en riesgo la salud de los pacientes. “La salud es un derecho fundamental contemplado en la Ley Estatutaria de Salud. Así como no se puede negar la atención en urgencias, tampoco se puede negar el acceso a medicamentos”, enfatizó Rubiano.
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Medidas urgentes propuestas por la Defensoría
Frente a la crisis del sistema de salud y los hallazgos de la Supersalud, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno la adopción de medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud. Entre las principales acciones propuestas están:
- Creación de Puestos de Mando Unificado en Salud en las regiones más afectadas para agilizar la resolución de casos críticos.
- Cumplimiento del Auto 007-2025 de la Corte Constitucional, que señala el incumplimiento general en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
- Fortalecimiento de la red de prestadores de salud y agilización en la entrega de medicamentos, evitando que la insuficiencia de recursos financieros condicione la atención de los pacientes.
Debate sobre la reforma a la salud
El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo también se da en el marco del debate sobre la reforma a la salud que cursa en el Congreso. La entidad ha señalado que cualquier cambio en el sistema debe garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la atención primaria y mejorar la rectoría y gobernanza del sector sin afectar los avances alcanzados.
Entre las propuestas de la Defensoría para la reforma se encuentran:
- Mantener los avances en la protección del derecho a la salud, asegurando que las modificaciones no sean regresivas.
- Implementar un plan de transición detallado, con indicadores claros para evitar afectaciones en la prestación del servicio.
- Regular el acceso y uso racional de medicamentos, evitando acaparamientos o desabastecimientos.
- Incluir mecanismos de seguimiento y participación ciudadana, para garantizar la vigilancia del sistema de salud.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que “con o sin reforma, el Gobierno debe tomar medidas inmediatas para atender la crisis en el sistema de salud y evitar que los problemas de accesibilidad se conviertan en problemas de disponibilidad”.
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