La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) prorrogó hasta el 31 de octubre de este año el contrato para garantizar la alimentación ininterrumpida a las personas sindicadas que están en estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata de la Fiscalía.
La prórroga se dio gracias a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y el apoyo de la Procuraduría, Defensoría, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios y Fededepartamentos.
El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, destacó que con este acuerdo “ninguna persona privada de la libertad se va a quedar un solo día sin recibir su alimentación”, y anunció que el mismo será puesto en conocimiento de la Corte Constitucional.
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La contingencia se dio en cumplimiento de una sentencia de la Corte en 2022 que obligaba, a partir del 1 de agosto, a que los mandatarios locales y regionales, con MinJusticia, se encarguen de las raciones alimentarias en estos centros de detención temporal.
Simultáneamente, vamos a explicar a la Corte Constitucional por qué los entes territoriales no pueden asumir de inmediato esta competencia, para que el alto tribunal determine un marco temporal transitorio para que la Uspec deje de asumir esta obligación sin que se generen traumatismos para las personas privadas de la libertad y sus familias
dice el acuerdo.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que el Ministerio Público verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y, así, se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros.
