La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en el primer cuatrimestre de este año se registraron un total de 437 protestas en el país, un incremento del 41 % en este tipo de manifestaciones en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando ocurrieron 311 eventos.
De la totalidad de los conflictos, que ocurrieron en 176 municipios de 29 departamentos, el 9 % registró disturbios o medidas con riesgo para la integridad de quienes se manifestaban.
Según la Defensoría, Bogotá encabeza la lista de territorios con más eventos de conflictividad social, con el 17 % de los casos, seguido de Antioquia (8 %), Santander (8 %), Bolívar (8 %) y La Guajira (6 %); a continuación están Córdoba, Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima, cada uno con un 4 %.
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En el informe que fue presentado este jueves, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le pidió al Gobierno nacional fortalecer las labores de prevención temprana para evitar que los conflictos sociales escalen a una situación de mayor complejidad y desencadenen en hechos de violencia.
El Gobierno nacional debe trabajar en la prevención temprana para evitar que los ánimos de las comunidades, cuando sienten que no son escuchadas y atendidas por el aparato estatal, se exacerben. Se debe evitar a toda costa que sus reclamos pasen a un grado de mayor conflictividad e incuso de violencia
indicó Camargo Assis, en el marco de la presentación del quinto boletín del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Cabe añadir que los ciudadanos expresaron su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones de las entidades del Estado o de particulares, a través de bloqueos (41 %), plantones o concentraciones (32 %), marchas o movilizaciones (11 %), ocupación o toma de instalaciones (4 %), paros cívicos o cese de actividades (4 %), principalmente.
“Resulta fundamental que las autoridades gubernamentales, en todos los niveles, escuchen los clamores de las comunidades para que puedan adelantar un diálogo franco que permita plantear respuestas efectivas. Allí lo más importante es que haya un seguimiento riguroso a los acuerdos para evitar que las comunidades se sientan engañadas”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
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El inconformismo social estuvo relacionado con la garantía del derecho a la educación, el respeto por los derechos laborales, la implementación de medidas o políticas de transporte, las demandas de inversión o presencia estatal, los conflictos ambientales, el derecho a la salud, acceso a la tierra y el territorio, medidas de erradicación o sustitución de cultivos ilícitos, la garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, entre otros, de acuerdo con la información consolidada por la Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo.
Para atender estos eventos, servidores públicos de la Defensoría del Pueblo facilitaron 54 espacios de diálogo en 16 departamentos (Nariño, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Risaralda, Atlántico, Meta, Caldas, La Guajira y Guainía) en los que se lograron consensos y acuerdos que permitieron, además de atender las peticiones de las comunidades, levantar las manifestaciones que se venían adelantando por parte de diferentes actores sociales.
