El último informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas, de la Andi, revela un incremento del 5 % en las ventas de motocicletas en Colombia durante febrero de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, reflejando una creciente preferencia por este medio de transporte. Sin embargo, este aumento en la demanda también ha sido acompañado por un preocupante aumento en las prácticas ilegales.
La mayoría de las motocicletas adquiridas son de bajo cilindraje, destinadas a satisfacer las necesidades de transporte y trabajo de familias pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Pero la alta demanda ha generado un terreno fértil para estafadores que se dedican a suplantar marcas reconocidas para realizar estafas y captar dinero de manera ilícita.
Según la asociación, más de 400 casos de estafa han sido reportados en 2024, con Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá como las zonas más afectadas. Estas prácticas no solo representan una amenaza para la economía y seguridad de los consumidores, sino que también socavan la integridad del mercado en su conjunto.
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Para contrarrestar esta tendencia preocupante, el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, Iván García, ha compartido tres recomendaciones clave para los consumidores:
- Comprar solo en puntos de venta autorizados y de marcas reconocidas: verificar la reputación del vendedor y de la marca, así como desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad.
- Realizar pagos de forma segura: evitar realizar transacciones en efectivo y optar por métodos seguros como transferencias bancarias o pagos electrónicos.
- Comunicarse directamente con la marca en caso de dudas: no confiar en números de contacto que puedan haber sido alterados y buscar información directamente en los canales oficiales de comunicación de la marca.
La Andi también destaca la importancia de interponer denuncias ante las autoridades competentes en caso de ser víctima de alguna modalidad delictiva, proporcionando todo el material que permita probar el engaño y el daño generado. Estas medidas buscan proteger los intereses de los consumidores colombianos y restaurar la confianza en el mercado de motocicletas del país.
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