El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabaja en un borrador de decreto que modifica las condiciones para la oferta y operación de alojamientos temporales a través de plataformas digitales como Airbnb. La propuesta, que entraría en vigencia el 18 de diciembre, incluye nuevas obligaciones para anfitriones y empresas tecnológicas, así como cambios en el funcionamiento del Registro Nacional de Turismo (RNT). La información fue divulgada inicialmente por El Tiempo.
De acuerdo con la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), el proyecto introduce un sistema de verificación previa que reemplaza el modelo declarativo vigente. La entidad señaló que este cambio equivaldría a una licencia adicional para las viviendas turísticas no hoteleras, al exigir documentos y avales que hoy no están contemplados en la normatividad vigente. Entre los nuevos requisitos aparece la obligación de demostrar que el uso del suelo y los reglamentos de propiedad horizontal permiten el alojamiento temporal.
El borrador también asigna responsabilidades a las plataformas digitales. Según el documento, estas deberán revisar periódicamente la vigencia del RNT de cada alojamiento, verificar que no existan publicaciones duplicadas e integrarse a sistemas de información gubernamentales que aún no están operativos. La CCIT afirmó que estas exigencias trasladan al sector privado tareas propias del Estado.
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El gremio señaló que los cambios podrían afectar a miles de arrendadores que dependen del alquiler temporal como fuente de ingresos. Indicó que los prestadores pequeños asumirían costos y trámites similares a los de un comerciante formal, lo que, según su análisis, limitaría la posibilidad de que familias de clase media continúen en esta actividad.
Las plataformas de alojamientos y las organizaciones tecnológicas también advierten que una restricción de esta actividad tendría efectos en la economía regional. Según datos gremiales, los alojamientos gestionados por aplicaciones han llevado visitantes a más de 600 municipios, muchos de ellos sin oferta hotelera tradicional. Además, calculan que por cada 10 dólares destinados al hospedaje, los viajeros generan 48 dólares adicionales en sectores como el comercio, el transporte y la gastronomía.
La CCIT cuestionó que los gremios que representan a plataformas y pequeños prestadores no fueron convocados a las mesas de discusión del decreto. También afirmó que el documento fue publicado sin un análisis técnico sobre las implicaciones económicas y jurídicas de su implementación. Ante este panorama, el sector solicita al Gobierno abrir un espacio de diálogo antes de que entren en vigencia los nuevos requisitos.
Con información de El Tiempo.
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