La decisión que está por hacerse pública habría sido tomada por Gustavo Petro en una reunión privada con los involucrados en el caso.
Pasan las horas y continúan conociéndose nuevos sucesos en el más reciente escándalo que involucra a la jefa de Gabinete Presidencial, Laura Sarabia; el embajador en Venezuela, Armando Benedetti; y la exniñera de la funcionaria, Marelbys Meza.
Aunque el presidente Petro manifestó que hoy se pronunciará “sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo”, aún no lo ha hecho, y lo que se especula es que ambos funcionarios cercanos al mandatario podrían dejar sus cargos en medio de un episodio inicial de presunto abuso de autoridad al que ahora se han sumado interceptaciones ilegales.
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La situación, a la que cada vez se han sumado nuevos condimentos, también ha enfrentado a la Fiscalía General con la Policía acerca de la autorización y los métodos utilizados para que la Fuerza Pública interceptara las comunicaciones del teléfono celular de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, señalada como posible responsable del hurto de un maletín con cerca de 4.000 dólares de la alta funcionaria.
Según el fiscal general, Francisco Barbosa, “las chuzadas volvieron a Colombia”, como lo aseveró en una rueda de prensa entregada en las últimas horas donde se refirió a avances en la investigación de este caso.
Barbosa manifestó que la línea telefónica de Meza fue incluida en un listado de miembros del Clan del Golfo en Chocó para poder ser interceptada por agentes de la Dijín.
Se inventan un informe de Policía Judicial de la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan, y posteriormente, en la tarde, como si estuviéramos en la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen el polígrafo que no tiene nada que ver con su seguridad nacional
dijo el fiscal.
Pese a que la Policía Nacional en un comunicado admitió la interceptación ilegal de las comunicaciones de Meza, fue clara en aseverar que las líneas telefónicas fueron desvinculadas de la investigación contra el grupo ilegal 72 horas después. Sin embargo, la Fiscalía desmintió a la Fuerza Pública y manifestó tener registros de que las interceptaciones se mantuvieron durante por lo menos 10 días.
Las chuzadas a la exniñera de Sarabia habrían empezado desde el 30 de enero, el mismo día en el que ella presentó la denuncia por el robo del maletín con dinero, y luego se materializaron en otras acciones como el traslado de Meza a los sótanos del Palacio de Nariño para someterla a pruebas poligráficas, hecho revelado por la afectada a Revista Semana y el cual fue el detonante de toda la turbulencia actual.
