Debido a la situación de orden público que se viene presentando en la zona Páramo, varios líderes del Oriente Antioqueño han manifestado su preocupación y han elevado una petición al Gobierno Nacional para que establezca acciones que mejoren la seguridad en el territorio.
Uno de esos líderes es el congresista Elkin Ospina, quien en un comunicado manifestó que desde hace varios meses ha venido insistiendo a las autoridades civiles, militares y de policía, en la necesidad de articular acciones en contra del grupo delincuencial organizado "Clan de Oriente", sin que a la fecha se concreten acciones para garantizar la vida, integridad y seguridad de la gente en la zona.
Adicionalmente, señaló que "hay presencia institucional de gran escala cuando ocurren hechos como el paro armado actual, pero una vez se disipa, nuestra gente de Nariño, Argelia y zonas aledañas vuelven a quedar solos y con miedo. Hay órdenes de captura pero a pesar de que todos allí saben dónde se mueven los delincuentes no hay detenciones, no hay acciones, no pasa nada. Esa respuesta institucional es insuficiente y no está sirviendo para nada".
El exalcalde de La Ceja, en su comunicado, dio a conocer que el miércoles pasado tenía programada una reunión con el Ministro de la Defensa, Iván Velásquez, la cual fue cancelada horas antes por el funcionario. "No fuimos recibidos a pesar de que claramente en el despacho se tenía conocimiento de para qué era la reunión y la gravedad del tema que íbamos a tratar con él", agregó.
Finalmente, Elkin Ospina enfatizó en que coordinará acciones con los demás congresistas de la subregión, con los de la bancada antioqueña y con todos aquellos que quieran apoyar, para instar a las instituciones a que atiendan cuanto antes y de forma integral las necesidades de la población en la zona.
"No descartamos que, en caso de que no se tomen medidas concretas, se llame a debate de control político a los Ministros del Interior y de la Defensa, para que le respondan al país sobre la grave situación que hoy nos duele y nos preocupa. La seguridad es un derecho ciudadano y el Estado tiene la obligación de garantizarlo", concluyó.