Ante el aumento de homicidios que han ocurrido en los últimos meses en el Oriente Antioqueño, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) esbozó sus hipótesis sobre el recrudecimiento del crimen y criticó el tratamiento que le han dado las autoridades a la ola de violencia.
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Para la presidenta del IPC, Nelly Osorno, los hechos violentos han sido generados por la migración de las bandas delincuenciales de Medellín hacia los municipios de la subregión donde se han enfrentado con los grupos locales para controlar las rentas ilícitas del microtráfico.
Varios de los conflictos que se estaban dando en Medellín y el Valle de Aburrá se han ido trasladando a varias regiones, entre esas el Oriente. Hay asesinatos, extorsiones y desapariciones
dijo la presidenta.
Esa versión la respaldó la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia: "La Gobernación manifestó su preocupación frente al incremento de homicidios el cual se explica por las disputas entre el GDO Clan Oriente y los GDCO que se han expandido desde el Valle de Aburrá".
El año pasado, por ejemplo, asesinaron a 167 personas en la subregión. En su mayoría, las víctimas fueron jóvenes menores de 28 años. Detrás de este índice, afirmó el IPC, se refleja la falta de oportunidades y el abandono del Estado.
Hay reclutamiento de jóvenes y adolescentes porque no hay garantía de derechos: no hay ofertas de empleo, educación, comida ni vivienda
concluyó Osorno.
A juicio de Marcela Ospina, líder social de Sonsón, el Estado no ha llegado por completo. Ella, al igual que el IPC, enumeró los huecos que no ha llenado la institucionalidad.
Necesitamos educación de calidad y tranquilidad, eso no lo tenemos. Hoy estamos viviendo la pesadilla de los tiempos pasados: pagando vacunas porque nos respiran en el cuello con sus balas
señaló.
Ante esa posición, la Gobernación de Antioquia insistió en que ha atendido a los territorios integralmente y que, justamente, el sábado realizará en Sonsón un consejo de seguridad para focalizar la atención en el Oriente.
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