La Fiscalía General de la Nación generó una ola de indignación en Colombia tras retirar la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dentro de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La decisión se conoció este lunes 19 de enero, horas después de que se anunciara que Rodríguez sería imputado por presunto prevaricato por omisión por supuestas fallas en las medidas de seguridad que ocasionaron el atentado en el que Uribe Turbay fue asesinado.
La imputación contra Rodríguez estaba relacionada con la investigación por el ataque perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá, cuando un sicario disparó contra Uribe Turbay, quien falleció tras el atentado. En los meses previos al crimen, la defensa del líder político había presentado más de 20 solicitudes ante la UNP para reforzar su esquema de seguridad, según denunció el abogado de la familia.
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Según la Fiscalía, la decisión de echar para atrás la imputación de cargos obedeció a que la investigación sobre el magnicidio fue asignada desde mediados de 2025 a un Grupo de Tareas Especiales específicamente conformado para este caso, lo que hizo improcedente la acción de la fiscal que había solicitado la audiencia de imputación sin tomar en cuenta esa competencia. El cambio busca evitar nulidades procesales y consolidar las diligencias bajo una sola dirección.
Antes de conocerse el reversazo, el senador de la República Esteban Quintero había dicho que: “la imputación que pretende hacer la Fiscalía al director de la UNP genera, también, enorme preocupación. La persona que debería proteger a la oposición ahora tiene en duda su buena actuación. El asesinato de Miguel Uribe no se nos puede volver paisaje, nos mataron a una persona pulcra e idónea».
La defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay, por su parte, expresó preocupación pero manifestó que entiende la intención de preservar la integridad del proceso y evitar errores técnicos que lo debiliten. Las partes han insistido en que la investigación debe continuar con rigor para esclarecer no solo las posibles omisiones institucionales en la protección del senador, sino también para identificar a los autores intelectuales detrás del atentado, que hasta el momento siguen sin ser plenamente determinados por la justicia, salvo los señalamientos contra la Segunda Marquetalia como determinadora.
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