Una gran polémica se ha despertado en el país desde que se conoció el decreto con el cual el Gobierno busca crear las condiciones para que un número importante de jóvenes, detenidos durante las protestas sociales, sean gestores de paz.
Al respecto, militares retirados han considerado que el mensaje de Petro es equivocado, pues da a entender que el crimen sí paga.
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“Las acciones de la primera línea van en contra de todo el orden jurídico y todas las normas legales que deben regir a nuestra sociedad en Colombia, precisamente porque estos jóvenes fueron violentos contra el pueblo, coartaron la libre movilidad, dañaron la propiedad privada y pública”, expresaron los militares.
Sin embargo, a pesar de la polémica, el presidente Gustavo Petro anunció este martes que los gestores de paz serán un total de 100.000 jóvenes de regiones apartadas y pobres de Colombia, quienes además recibirán un pago mensual de $1.000.000 colombianos para que puedan comenzar con sus estudios.
Eso es un poco de plata, solo calculen, eso vale un poco de plata: si hablamos de un millón mensual, son 12 millones al año por 100.000 jóvenes, calculadora, vale 1,2 billones, si mis matemáticas no me fallan
dijo Petro.
Sobre esta situación, el ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que los jóvenes hoy privados de la libertad “por ejercer su derecho legítimo a la protesta” podrían —una vez se revise de manera responsable y juiciosa cada caso— ser facilitadores de paz o de convivencia.
Finalmente, Prada enfatizó en este no es un proceso que pretenda sustituir instancias judiciales: “Quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta, continuarán en manos de los jueces hasta su terminación”.