La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre cinco propiedades de tres presuntos involucrados en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, en Cartagena, Bolívar.
Según indicó la Fiscalía, los tres inmuebles y dos vehículos pertenecían a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, quien actualmente está acusada y se encuentra en juicio porque, al parecer, habría sido la financiadora del crimen del fiscal paraguayo.
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De igual manera, otros de los bienes estaban en poder de Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño (condenados a 23 años y seis meses de prisión).
Las propiedades están avaluadas en más de 800 millones de pesos y se encuentran ocupadas en Rionegro y Bogotá.
Es de resaltar que también se ocuparon propiedades con fines de extinción de dominio de Virgelina Hoyos Durango, madre de los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, condenados por este homicidio.
Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.