Un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), revela un panorama de riesgo, amenaza e inseguridad para quienes están dedicados a promover y proteger los derechos de las comunidades, puesto que durante el 2023 fueron asesinados un total de 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional.
Del total, 160 eran hombres y 21, mujeres. Antioquia fue el segundo departamento con mayor registro de asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Es una situación inaceptable que cada dos días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país
asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Aunque el informe de la Defensoría deja en evidencia la descarnada realidad que padecieron el año pasado, quienes se dedican a preservar los derechos de las comunidades, particularmente en las regiones donde arrecia el conflicto armado interno, hubo una disminución del 16 % en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 215 casos; dicho de otra manera, fueron asesinadas 34 personas menos en el 2023.
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Los sectores más afectados
Preocupa a la institución de derechos humanos que los sectores sociales más afectados hayan sido el comunal (37 homicidios), indígena (37), comunitario (36), campesino (13), afrodescendiente (10), víctima (9), OSIGD-LGBTIQ+ (7) y el de activistas de DD. HH. (7).
Abril (con 19 crímenes), junio y julio (18 cada uno), diciembre y marzo (17 cada uno), fueron los meses con el mayor registro de asesinatos contra estas personas.
“Es evidente que debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro. Es responsabilidad de los entes estatales implementar planes y políticas públicas en materia de prevención y garantías para quienes defienden los derechos humanos”, es el llamado del Defensor del Pueblo.
Tres departamentos concentraron el 41 % de los casos
El ‘Informe anual de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos enero-diciembre 2023’ da cuenta de que los 181 crímenes sucedieron en 123 municipios (en 25 departamentos), como también, de que el 44 % del total de los casos se concentró en 80 de ellos. Cauca (con 36 casos), Antioquia (21) y Nariño (17) fueron los departamentos donde hubo más homicidios, es decir, 74, lo que representa el 41 % del dato global.
Les siguieron Valle del Cauca (15 homicidios), Córdoba (10), Putumayo (9), Norte de Santander (7), Arauca (7), Bolívar (7) y Bogotá (6).
“La institucionalidad debe aumentar sus esfuerzos para garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos en contextos de alta vulnerabilidad. Es apropiado optar por estrategias focalizadas en Cauca, Antioquia y Nariño, sobre todo, en los municipios donde hubo una mayor cantidad de homicidios. También hay que contemplar un trabajo fuerte en los lugares donde los actores armados ilegales se disputan los corredores estratégicos de economías ilícitas”, indica Carlos Camargo Assis.
En los últimos ocho años, cerca de 1300 líderes asesinados
Al hacer la sumatoria de los últimos ocho años, entre el 2016 y el 2023, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de 1294 líderes asesinados en el país: durante el 2016, 133; en el 2017, 126; en 2018, 178; para el 2019, 134; al año siguiente, en 2020, 182; para el 2021, 145; durante el 2022, 215, y el año pasado, 181.
Por último, el Defensor hace un llamado colectivo a las entidades del orden nacional, a los nuevos mandatarios municipales y departamentales, a las fuerzas de seguridad del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad internacional y a cada ciudadano:
“Trabajemos unidos e incansablemente en la protección de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos. Solamente juntos podremos construir un futuro en el que la defensa de los derechos sea una labor segura y respetada”.
