En la primera semana de diciembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro tumbó el decreto que regía desde el anterior gobierno de Iván Duque, el cual prohibía el consumo de sustancias psicoactivas en parques y otros lugares de esparcimiento.
Ahora, con la llegada de los nuevos alcaldes y gobernadores, serán ellos quienes, si así lo deciden, expidan decretos locales para volver a prohibir o reglamentar el consumo en estos sitios.
En el caso de Federico Gutiérrez, en Medellín, ya cumplió lo que había anunciado: expidió el decreto que restringe dicho consumo en instituciones educativas públicas y privadas, en parques y plazas públicas, centros deportivos y recreativos, así como en eventos públicos y privados con presencia de menores de edad.
La medida aplica en estos puntos y 100 metros a la redonda. El mandatario aseguró que: “nosotros, a través de este decreto, lo que buscamos es cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. No buscamos criminalizar a quienes consumen. Vamos a acompañar desde el componente de salud pública a las personas que tengan adicciones, los criminales son los que trafican y venden”.
Quienes no se acojan al decreto tendrán una sanción económica superior a los $600.000, contemplada en el Código de Policía y Convivencia, además de la destrucción del alucinógeno, incluyendo la dosis personal.
