Sapiencia, la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, informó que por procesos de revisión documental y verificación de requisitos, se identificó que 205 personas beneficiarias de los estratos 5 y 6 de los Fondos Sapiencia para 2023, habrían accedido al beneficio de crédito condonable mediante fuente de recurso ordinario. Esta situación es contraria a lo establecido en el Acuerdo 055 de 2022, que limita el acceso a esta fuente de financiación únicamente a personas de los estratos 1, 2, 3 y 4.
Las personas de estratos 5 y 6 sí pueden acceder a los Fondos Sapiencia, pero únicamente mediante recursos de Presupuesto Participativo. Por esto, inició un proceso de revocatoria parcial del beneficio.
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El beneficio otorgado en las convocatorias 2023-2 y 2024-1 (este último asignado en diciembre de 2023) consistió en un crédito condonable hasta por 5,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de matrícula y/o sostenimiento, según el número de semestres aprobados. A la fecha, solo una persona ha aceptado voluntariamente la revocatoria del beneficio.
En diálogo con MiOriente, Salomón Cruz, director de Sapiencia, indicó que esta irregularidad sucedió en la Administración de Daniel Quintero.
“Eran funcionarios de la anterior Administración, que en este momento no están aquí en el marco de los que hicieron la resolución en ese aspecto. Por eso, nosotros, conocedores de esa inconsistencia en información, lo que hacemos es actuar con forma de derecho (…) En ningún momento se han suspendido los giros, ni se van a suspender hasta que no haya una decisión de una entidad competente para ello”.
Como parte del cumplimiento del proceso legal, Sapiencia trasladó recientemente a la Procuraduría General de la Nación el caso de las 205 personas, como requisito previo a la emisión de los actos administrativos correspondientes. La Procuraduría ha citado a los jóvenes a audiencias de conciliación, en las que se les informa sobre la situación y se les da la posibilidad de continuar con el beneficio o renunciar a él voluntariamente.
Si deciden continuar con el derecho, el proceso sigue su curso legal. En ese caso, un tribunal administrativo determinará si procede o no la revocatoria. Mientras tanto, todos los jóvenes mantienen el beneficio vigente y pueden seguir con sus estudios de educación superior sin afectación, siempre y cuando cumplan con los requisitos de renovación.
En total, a estos beneficiaros se les han desembolsado para su educación cerca de $5 000 millones y hay recursos pendientes por giro cercanos a los $10 000 millones, los cuales se mantendrán hasta tanto no haya una decisión contraria de la autoridad competente.
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