Rescataron a una mujer en Medellín que al parecer fue secuestrada por su expareja y otro hombre para inducirla a abortar

La Policía Nacional, a través del Gaula, realizó un operativo en el nororiente de Medellín que terminó con el rescate de una mujer de 25 años de edad, quien había permanecido privada de la libertad durante dos días, y la captura en flagrancia de dos personas por el delito de secuestro extorsivo. El procedimiento se desarrolló luego de la denuncia de un familiar de la víctima, quien alertó sobre su retención y las exigencias económicas realizadas por los presuntos responsables.

Durante este tiempo, la familia recibió mensajes mediante aplicaciones de mensajería instantánea, acompañados de videos en los que se evidenciaban agresiones físicas y las condiciones en las que la joven permanecía retenida. Producto de actividades investigativas, la mujer fue ubicada en una vivienda de la comuna 3, Manrique.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, los hechos estarían relacionados con una relación sentimental entre uno de los presuntos responsables y la víctima. Al parecer, tras informarle que se encontraba en estado de embarazo, la mujer fue retenida con la intención de inducirle un aborto mediante el suministro de medicamentos, además de ser sometida a agresiones físicas.

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Durante el procedimiento fue rescatada la mujer, quien estaba bajo custodia de dos hombres de 24 y 33 años de edad, a quienes se les materializó la captura por el delito de secuestro extorsivo. Durante el tiempo de cautiverio, los familiares recibieron exigencias económicas por un valor de quinientos mil pesos, dinero que, según los agresores, sería destinado a cubrir gastos de alimentación.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para su valoración médica, y se activó la Patrulla Púrpura con el fin de garantizar la protección integral de sus derechos y el acompañamiento especializado.

Por último, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias preliminares que permitirán definir su situación judicial. De ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión.

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