La Fiscalía General de la Nación le advirtió al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al concejal Andrés Tobón, a la concejala Claudia Carrasquilla, y al secretario de Seguridad, Manuel Villa, que al parecer los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC, en asociación con la Oficina de Envigado, pagaron 8 millones de dólares por atentar contra la vida de cualquiera de ellos.
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La información es producto de una denuncia de un recluso, considerado por la Fiscalía como fuente de alta credibilidad, en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Según los amenazados, la razón de las estructuras criminales sería su oposición a los diálogos de paz entre el Gobierno y estos grupos. Así lo dijo Federico Gutiérrez.
“Petro estuvo al lado y del lado de los peores criminales de Medellín, quienes nos amenazan permanentemente y sobre quienes se tienen información que planearían atentar contra nosotros (…) Esa información que ha llegado, se le ha entregado a las autoridades correspondientes”.
Por su parte, Manuel Villa, secretario de Seguridad, brindó detalles sobre su caso en particular: dijo que los delincuentes planeaban realizar una distracción para alejar a su equipo de seguridad y ultimarlo con un artefacto explosivo.
“Este atentado sería, según la fuente como lo ha dicho, mediante un artefacto explosivo en un momento que se estuviera en uno de los recorridos en la calle (…) Iban a tener un señuelo para que yo saliera de la custodia o el cuidado de parte de la Policía y que allí pues se pudiera mediante artefacto explosivo generar el atentado”.
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La concejala Claudia Carrasquilla también reveló información sobre una supuesta alianza entre la Oficina del 12 (grupo delincuencial de la comuna 6) y el grupo delincuencial organizado de Córdoba, los cuales al parecer están recogiendo dinero para ejecutar otro atentado contra estas personas.
Por último, el tema de las amenazas ha tomado relevancia por la muerte de Miguel Uribe, por lo cual el esquema de seguridad del alcalde, los concejales y el secretario han sido fortalecidos.
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