Las consecuencias de los disturbios acontecidos en El Poblado, el pasado 7 de octubre en horas de la noche, al finalizar una marcha pro-Palestina, entre gestores de seguridad, manifestantes y fuerza pública, están lejos de finalizar. El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía disolver los “grupos de acción directa”, refiriéndose a los gestores de seguridad de la Alcaldía de Medellín, a los cuales ha calificado multiplicidad de veces como una supuesta agrupación paramilitar.
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El reporte oficial de la Alcaldía es que 10 gestores resultaron lesionados por agresiones de los manifestantes, pero la Defensoría del Pueblo indica que dos manifestantes también resultaron agredidos, en hechos públicamente conocidos por videos en redes sociales.
“Sirven fundamentalmente para ejercer la gentrificación, que es la manera como ha crecido Medellín en los últimos tiempos, expulsando pobres de sus barrios para hacer edificios y buen urbanismo para ricos. La orden que di a la Policía es disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía e iniciar investigación penal”, escribió en X.
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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que el accionar de la institucionalidad se produjo en defensa de mujeres, niños y familias que estuvieron en riesgo por hechos vandálicos. Sobre las confrontaciones, aseguró que fueron en respuesta a las agresiones de los manifestantes y que dicho grupo de gestores está conformado para dialogar y prevenir daños a propiedad privada, de cara a una supuesta desestabilización del país por parte del Gobierno nacional en épocas preelectorales. Desde la Secretaría de Seguridad declararon que posibles excesos de fuerza serán investigados.
Ante la orden del presidente Petro, de intervenir el grupo de gestores de seguridad, el burgomaestre de los medellinenses alertó de que el fin de dicha intervención será, supuestamente, maniatar a la institucionalidad de la ciudad ante posibles nuevos hechos vandálicos.
“El Gobierno Petro se prepara para intervenir en las decisiones de Medellín con la excusa de lo ocurrido ayer durante la jornada de violencia y vandalismo que generaron sus amigos. Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismos mandan”, escribió en X.
Por otro lado, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, instó a investigar a los gestores de seguridad por, según ella, hechos que podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos en contra de manifestantes que protestaban en solidaridad con el pueblo palestino. A pesar de esto, reveló que, supuestamente, desde la Alcaldía hubo una directriz de finalizar la manifestación de manera violenta, y si no se realizaba, costaría el puesto a algunos gestores.
“Nos preocupó que allí se dieron directrices de disolución de la protesta, que de no ser cumplidas podrían tener consecuencias en la continuidad de los contratos de los gestores. En ningún caso deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de las marchas o concentraciones ciudadanas”.
La Personería Distrital de Medellín, a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, abrió una indagación previa con el fin de esclarecer los mismos hechos ocurridos durante el desarrollo de la marcha pro-Palestina, en la cual también coincidieron que se habrían presentado agresiones contra algunos participantes, presuntamente por parte de funcionarios por establecer de la Alcaldía de Medellín.
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Con esta indagación previa se busca esclarecer los hechos, así como identificar e individualizar a los funcionarios del Distrito que habrían estado involucrados en las presuntas irregularidades. Una vez finalizada esta etapa, el funcionario instructor determinará si corresponde archivar el proceso o proceder con la apertura formal de una investigación disciplinaria.
Así las cosas, el próximo viernes 10 de octubre, según reveló el alcalde Gutiérrez, se han convocado nuevas marchas pro-Palestina en varias ciudades del país, incluida la capital antioqueña, en hechos que calificó él mismo como una cortina de humo, supuestamente para desviar la atención por los casos de corrupción que envuelven al precandidato Daniel Quintero.
“Su intención es de nuevo incendiar las ciudades que son gobernadas por quienes somos oposición a Petro. Serán 10 meses duros, pero con toda la convicción resistiremos y sacaremos adelante a Colombia desde las regiones”, concluyó.
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