El reciente rescate de 17 menores de edad en zona rural de Yarumal, Antioquia, volvió a poner en el centro del debate la presencia de la secta Lev Tahor en Colombia. Según Mijael Lacher, docente del programa de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, la entrada de este grupo al país “no debió ocurrir” debido a los antecedentes que lo convierten en un riesgo para la sociedad.
Lacher señaló que la llegada de la secta evidencia fallas graves en los controles migratorios, pues el grupo tenía una alerta amarilla de Interpol y aun así logró permanecer durante un mes en territorio colombiano. “Esto no podía pasar”, afirmó.
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Un grupo con graves denuncias internacionales
Lev Tahor, fundada en 1988 en Israel por Shlomo Helbrans, se autodefine como una comunidad religiosa ultraortodoxa. Sin embargo, sus prácticas han sido objeto de investigaciones y denuncias por abuso sexual infantil, matrimonios forzados y manipulación psicológica.
Según explicó el docente, dentro de la secta se considera que niñas desde los 12 años y niños desde los 13 ya son adultos y pueden casarse, una interpretación que ha derivado en graves violaciones de derechos humanos.
El grupo recluta principalmente a familias dentro de comunidades judías ortodoxas, prometiéndoles un “judaísmo puro y absoluto”. Una vez dentro, señaló Lacher, sufren presiones psicológicas que favorecen la endogamia social y el sometimiento a los líderes.
¿Por qué llegaron a Antioquia?
De acuerdo con el análisis del profesor, la presencia de Lev Tahor en Antioquia responde a una estrategia común entre este tipo de organizaciones: buscar países con legislaciones más laxas y menor capacidad de vigilancia.
Lacher explicó que los miembros ingresaron al país en grupos familiares aparentando viajes por turismo o negocios, pese a que en realidad responden a una estructura controlada por alrededor de cinco líderes, mientras que el resto de integrantes —incluidos adultos— “son víctimas de lavado de cerebro y de un liderazgo tóxico y nocivo”.
Llamado a reforzar la ley y los controles migratorios
El académico insistió en que el Estado debe aplicar con rigor las normas penales relacionadas con explotación sexual infantil, secuestro y otros delitos que puedan configurarse, además de considerar la extradición de los líderes de la secta.
Finalmente, subrayó la necesidad urgente de reforzar los controles migratorios, para evitar que grupos con antecedentes delictivos logren asentarse nuevamente en el país. “Pudieron haber cometido otros delitos en ese mes en Colombia. Muy probablemente, abuso infantil”, concluyó.
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