Tras las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Gloria Milena Álvarez Quinchía, empleada de un hotel de Medellín, aceptó mediante preacuerdo su participación en una red de tráfico de migrantes y de haber brindado alojamiento a extranjeros que transitaban irregularmente por el país con el propósito de llegar al Golfo de Urabá.
Un juez penal especializado avaló la negociación judicial y condenó a la mujer a cuatro años y dos meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Asimismo, le impuso una multa equivalente a 1.383 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para ejercicio de funciones públicas por 50 meses.
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La investigación liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos evidenció que la hoy sentenciada alojó en varias oportunidades a ciudadanos cubanos, que luego fueron llevados por vía terrestre a Capurganá y envíos en lanchas rápidas de Panamá para continuar su camino hacia Estados Unidos.
Álvarez Quinchía había sido capturada junto a otras 10 personas en mayo de 2022. En su momento fue imputada y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
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