La Secretaría de Salud de Medellín confirmó que 10 reclusas de la cárcel El Pedregal, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, fueron diagnosticadas con tuberculosis luego de realizar la prueba en 45 mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones, puede ser mortal y se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe.
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En el pabellón donde se registró el brote hay cerca de 169 mujeres, que, por la facilidad de transmisión de la enfermedad, pueden estar en riesgo. Por ello, dicha secretaría y North Salud IPS están atendiendo a estas reclusas con el tratamiento contra la tuberculosis, que tarda cerca de seis meses.
“Nosotros recibimos el reporte de 10 nuevos diagnósticos de personas con tuberculosis, específicamente en el patio de mujeres. Estas personas fueron aisladas según los protocolos de seguridad para evitar contacto con las demás personas. (…) El Ministerio de Salud suministra estos tratamientos de forma gratuita a través de los departamentos y nosotros como Secretaría de Salud del Distrito los suministramos a las IPS de los pacientes”, dijo Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín.
Esta situación se suma a la expuesta por el defensor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, Carlos Carmona, quien expuso que, al parecer, las comidas que llegan al centro penitenciario lo hacen a destiempo y en condiciones no aptas para el consumo, lo cual estaría generando malestar y hasta protestas por la supuesta inseguridad alimentaria.
“Las cosas no están funcionando bien: desayunos que están llegando sobre el mediodía, almuerzos sobre las 10, 11 de la noche y cenas que están llegando en la madrugada, 2, 3 de la mañana. Y a eso se le suma comida en estado no apto para seres humanos, comida mal preparada, cruda, en cantidades muy poquitas, gramajes que no corresponden a los estipulados”, dijo el defensor.
Para frenar lo que el señor Carmona llama una crisis, se solicitó la intervención de entidades garantes de los derechos humanos como Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, entre otras, que esclarezcan la situación, tanto de los alimentos como de la salud de los internos.
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