Una denuncia conocida en los últimos días reveló la infame situación que vendrían viviendo algunos beneficiarios de becas universitarias, a quienes presuntamente les estarían solicitando favores sexuales, económicos o de otra índole para avalarles las constancias de culminación de su servicio social.
Fue la Personería Distrital de Medellín la que alertó sobre la vulneración de derechos a la que se verían expuestos los estudiantes, tras las múltiples quejas recibidas.
Para este caso es clave recordar que los líderes comunales —o de las JAL— son los encargados de avalar las horas del servicio social prestado en la comuna como compensación por el crédito brindado para los estudios de los beneficiarios.
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“El Decreto 32 de 2023, (…) establece en su artículo 111, parágrafo 1, que cuando el origen de la financiación de las becas o créditos sea con recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, el servicio social debe prestarse dentro de la comuna o corregimiento y uno de los líderes de la Junta de Administradora Local (JAL) es quien debe avalar con su firma el certificado del servicio prestado por el beneficiario”, especificó el organismo de control.
La Personería ha venido realizando seguimiento a la situación, “solicitando información desde el año 2021 sobre las medidas que se han adelantado por parte de Sapiencia, pero a la fecha no se han tomado acciones efectivas para corregir dicha problemática”, expresó la entidad.
Frente al actual panorama, recomendó revisar el parágrafo mencionado anteriormente, de modo que se puedan implementar otras medidas para certificar el servicio prestado por los beneficiarios de los créditos, garantizando los derechos humanos.
