El gobierno de Venezuela rechazó enérgicamente las declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien en días recientes pidió una “intervención militar internacional para desalojar al gobierno de Nicolás Maduro”.
Según Uribe, la situación en el país vecino es insostenible y requiere de una acción externa para restaurar la democracia. Sin embargo, el gobierno venezolano, encabezado por Maduro, calificó este llamado como una violación de la soberanía y un acto de injerencia en los asuntos internos del país.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, fue uno de los primeros en pronunciarse en contra de las palabras de Uribe. En una rueda de prensa, Gil condenó lo que consideró una actitud agresiva y provocadora por parte del ex mandatario colombiano, señalando que cualquier intento de intervención militar sería un «desatino» que solo podría traer más sufrimiento y violencia en la región.
Además, reiteró que Venezuela defendería su soberanía «a toda costa», haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no cayera en los planes de quienes buscan desestabilizar la nación.
Por su parte, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció este lunes 13 de enero la reapertura de la frontera terrestre con Colombia, tras el cierre el pasado viernes y rechazó, lo que según él, son las «conspiraciones internacionales lideradas desde la derecha en Colombia».
El ex presidente Uribe, conocido por su postura firme contra los gobiernos de izquierda en América Latina, ha mantenido una postura crítica frente al régimen de Maduro desde su mandato. En sus declaraciones, Uribe argumentó que la intervención sería necesaria para frenar lo que consideró una «dictadura» que ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria y económica. Según él, la falta de democracia en el país obliga a la comunidad internacional a actuar.
En respuesta, el gobierno venezolano no solo rechazó las palabras de Uribe, sino que también recordó que la historia reciente de Colombia, marcada por el conflicto armado interno y la violencia, no le otorgan legitimidad para emitir juicios sobre el destino de Venezuela. Además, sectores del chavismo aseguraron que la oposición interna en Venezuela busca con estas propuestas dividir aún más a la región y sembrar discordia entre los países vecinos.
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