El miércoles 17 de junio se conoció que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició averiguaciones preliminares contra 19 empresas de energía, acueducto y alcantarillado, de diferentes regiones del país, entre ellas dos del Oriente, tras la queja de varios usuarios que alegan un aumento en sus facturas durante el aislamiento preventivo obligatorio.
Empresas Públicas de San Rafael y Empresas Públicas de La Ceja hacen parte de la lista de entidades que tendrán que rendir cuentas ante los organismos de control que busca establecer si se presentaron irregularidades, tanto en la medición de consumo como en la facturación.
Según afirmó la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, “nuestra misión es determinar si hubo o no incumplimientos al régimen de los servicios públicos domiciliarios, en relación con la obligación de facturar la prestación del servicio con base en la medición real del consumo y no por promedio”.
Al respecto, Empresas Públicas de La Ceja informó que "la entidad reportó el caso de siete usuarios de uso residencial y uno de uso comercial, los cuales presentaron desviaciones significativas; por lo tanto, se les realizó la facturación con consumos promedio, situación que en el Contrato de Servicios Públicos de la Empresa es legal y procedente".
En ese orden de ideas, Empresas Públicas afirmó que dicho promedio facturado favoreció al usuario y, ante la solicitud de la Superintendencia, harán llegar respuesta oportuna de estos casos puntuales, "demostrando que se actuó dentro de los términos legales y con total transparencia".
Durante la etapa de averiguación preliminar, la superintendencia deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron, si las empresas incumplieron la regulación o si efectivamente estaban amparados en alguna norma o disposición legal.
Estas investigaciones se suman a las que se abrieron la semana pasada contra tres empresas de gas, por los mismos hechos; se trata de Cedenar, Alcanos y Gases del Caribe.
