Contra Abad Marín Arcila, quien fue alcalde del municipio de San Rafael en el período 2016-2019, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos por presuntas irregularidades en la contratación del diseño e impresión de los carnets de identificación del personal, y de material requerido por la dirección financiera.
Al exmandatario se le cuestiona por presuntamente adelantar el proceso contractual CPS-194-2016 mediante la modalidad de contratación directa, a pesar de que por su objeto y valor debía suscribirse por mínima cuantía
señaló la Procuraduría.
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Los cargos también se formularon en contra del entonces secretario General y de Gobierno, Hugo León Roldán Maya, quien habría elaborado y suscrito el estudio previo que viabilizó el citado bilateral, en el cual se habrían desconocido los procedimientos de pública convocatoria de oferentes, conforme a lo establecido legalmente.
Las faltas de Marín Arcila y Roldán Maya fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa grave. Ambos podrán presentar descargos y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren necesarias para su defensa.
El juicio lo adelantará la Procuraduría Provincial de Juzgamiento del Valle de Aburrá.
