Con tristeza, asegura Alejandro Marín, representante legal de la empresa náutica Asobarcos Guatapé, recibió la ratificación de la decisión que los declara como responsables del naufragio de El Almirante, el pasado 25 de junio de 2017 en Guatapé, tomada por la Superintendencia de Transporte en febrero de este año.
“Confírmese la Resolución N°. 6027 del 14 de febrero de 2018, mediante la cual se decidió sancionar a la empresa H.J. Vallejo y cía S.A.S. en liquidación con siglas Asobarcos Guatapé, en sentido de multar con un valor de 20.000 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalente a 520 millones y la cancelación de la habilitación de la empresa”, señala el documento de notificación sobre la decisión.
Aunque Marín expresó que esperaba esta decisión, fue contundente al decir que no comparte las razones del organismo de vigilancia siendo enfático en que la Supertransporte se amparó, para determinar los culpables, en una situación que corresponde al Ministerio de Transporte.
La determinación de la Superintendencia para esta instancia se solventó en que el día del naufragio la embarcación salió del puerto sin permiso de zarpe, a lo que Marín salió al paso señalando que se trata de un desacuerdo entre la Superintendencia y el Ministerio de Transporte:
“Si bien la ley exige que las embarcaciones tienen que salir con permiso de zarpe, el Ministerio de Transporte asegura no tener personal suficiente para entregar los zarpes en cada uno de los muelles de salida de las embarcaciones (…) Entonces el Ministerio se acoge a uno de los artículos de la Ley 1242 de 2008 donde dice que las empresas serán las encargadas de dar zarpe a las embarcaciones”, argumenta el representante legal de Asobarcos. Al respecto Marín también señaló que varios gerentes de empresas náuticas han escrito al Ministerio solicitando dichos inspectores.
Lo que sigue
El último recurso legal que agotará la empresa es una demanda en contra del estado, ya que en palabras de Alejandro Marín “percibimos, más allá del fallo, la intención que tiene la Superintendencia de lavarse las manos al respecto. Han cambiado versiones desde la primera resolución”.
Esa afirmación la sustenta indicando que en la primera resolución el organismo de vigilancia aseguró que la embarcación había perdido boyancia, según los estudios realizados por la Dirección General Marítima (DIMAR), no obstante, según Marín, para determinar ese hecho era indispensable reflotar los pontones, procedimiento que la DIMAR no adelantó.
Por su parte, Asobarcos asegura tener los estudios realizados de manera privada por un perito experto en aguas quietas, “en los que reflotamos los pontones y los resultados son muy diferentes a lo que dijo la DIMAR en ese entonces”, asegura Alejandro.
A la fecha, la empresa está impedida para trabajar, hecho que complica el pago de la multa por 520 millones de pesos, por lo que esperarán la respuesta de la demanda de estado, y en caso de que se ratifique buscarán llegar a un acuerdo de pago. No obstante, también mencionó que el abogado de la empresa ha mantenido constante comunicación con las familias de los fallecidos, “porque lo que nunca hemos querido es que las víctimas se sintieran solas y desamparadas”, puntualizó.
En los cuatro meses desde el cese de actividades de Asobarcos Guatapé, han sido desvinculadas 150 personas directa e indirectamente de las 13 embarcaciones que son propiedad de la empresa, quienes han tenido que emplearse en otras actividades.
