Por Juan Sebastián Castro, concejal del Partido Liberal en Rionegro
Hace un año, luego de intensos debates en el Concejo Municipal, se autorizó comprometer recursos propios por valor de 5,1 billones para financiar un tren tipo APM en aras de atender problemas de movilidad.
¿Cuáles son los recursos propios con los que la Administración Municipal piensa financiar el tren?
El acuerdo municipal 006 de 2018 estableció como fuente de financiación los ingresos procedentes del impuesto predial. Esta decisión, nace con el argumento de aprovechar un mayor valor de recaudo a causa de imponer la máxima tarifa del impuesto predial (tarifa de 33 x 1.000) a suelos que hoy se encuentran en zonas de expansión urbana y que cuentan con un plan parcial decretado.
¿Es legal esta medida?
Como las condiciones tributarias no estaban dadas para que el tren sea una realidad, el ejecutivo inesperadamente propone un nuevo Estatuto Tributario (Acuerdo 023 de 2018) que permitiera financiar dicho propósito.
El nuevo Estatuto Tributario plantea dos artículos polémicos para lograr su cometido; el artículo 33 determina que los suelos en expansión se entenderán como urbanos con la sola adopción del respectivo plan parcial, situación que fue avalada desconociendo los preceptos de la ley 388 de 1997 y el decreto 1077 de 2015.
Esta decisión allana el camino para un artículo 34 que cobrará a predios que tengan una construcción menor a 10% del área total del lote y un avaluó catastral superior a 111 millones, la injusta tarifa de 33 x 1.000. ¡Que les parece! Existen múltiples sentencias del Consejo de Estado que van en contravía del artículo en mención.
Hoy los nativos que residen en dichos planes parciales manifiestan su angustia frente a la facturación predial recibida este año. Son muchos los casos que encontramos, donde personas humildes pagaron en el año 2018 una suma cercana a los 400.000 pesos, y hoy tienen que asumir un cobro que supera los 10`000.000.
Esta sobrecarga tributaria terminará expulsando a la gente más humilde del territorio, los obligará a vender sus propiedades por debajo de valores de mercado y reducirá la construcción formal. En conclusión, esta medida termina siendo regresiva para el desarrollo urbano del municipio.
Nos dimos a la tarea de consultar con autoridades del orden Nacional y Departamental, con expertos en materia tributaria y catastral, para concluir que la decisión tomada por la administración de financiar el proyecto del tren no tiene soporte.
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