Entonces, ¿el que resulta elegido para gobernar
debe renunciar a su fe religiosa,
por el hecho de ser el representante de todos?
Me hice esta pregunta a propósito de la tutelas en contra del trino del Presidente Iván Duque, y de los comentarios de varios ciudadanos a propósito de una invitación del Alcalde de Marinilla a participar en una ceremonia religiosa católica en la que se invoca la “protección divina” para la comunidad.
Y es que hablar de temas en los que cualquiera tiene el riesgo de llegar al fanatismo, o a la polarización, siempre podrá herir alguna sensibilidad. Ofrezco una excusa antes de todo, si estas líneas ofenden a alguien.
La pregunta sigue sin respuesta. La que veo asomarse es que “aquel que ha sido elegido por voluntad popular, debe renunciar a su fe y a su práctica religiosa debido a que cualquiera de estas manifestaciones implica afectar el derecho a la libertad de culto”.
Así pues, para garantizar el derecho de todos los demás, el mandatario debe “autocercenar” su propio derecho, convirtiéndose así en una víctima de vulneración de los principios fundamentales que defiende como funcionario público.
Me parece que surge aquí la paradoja que ha campado con plena libertad en el nuevo siglo: que la reivindicación de los derechos esquilmados a las minorías ha sido tan radicalmente exigida, que su concesión termina vulnerando los derechos de las mayorías.
Así pues, todos aquellos que interactuamos en algún escenario público, independiente de su carácter oficial o privado, tendríamos la obligación de limpiar y anular cualquier preconcepción, abandonar todo color y renunciar a cualquier opinión antes de manifestar un pensamiento, porque de lo contrario estaríamos vulnerando los derechos de alguno a los cuales nos referimos (o no nos referimos, que por omisión también se peca).
Entonces vuelven las preguntas: ¿cuál sería el sentido de opinar? Ninguno, porque los comentarios serían tan grises que no valdrían ni el tiempo que se toma uno para manifestarlos. Una opinión requiere una posición; asumir una posición requiere reflexión (y mucha); la reflexión requiere observación, percepción, lectura de contexto y análisis... Y todo ese trabajo vale la pena justamente porque produce ideas, cuyo valor reside en la posibilidad de darles impulso en el diálogo y el debate respetuoso.
Sinceramente pienso que llevar el debate de la fe a la polarización de un pretendido comportamiento “políticamente correcto”, pasa por anular las características más valiosas de los seres humanos (incluidos los mandatarios): justamente su condición de humanos. La mayoría de nosotros hemos elegido algún tipo de convicción religiosa y, aquellos que no, también lo han hecho en uso de su sagrado derecho a elegir. ¿Podría señalarse entonces, entre las dos opciones, quién está equivocado y quien acierta? No es posible.
Invocar la falta de equidad de un mandatario que invita, en uso de su legítimo derecho a la práctica de su fe, a una ceremonia, un encuentro, un rito o cualquier otra manifestación humana, atenta contra la humanidad del cuestionado y lo conmina a una “deshumanización” de su cargo y su dignidad.
A pesar de que la respuesta es que “son constitucionales”, me gustaría insistir en la pregunta de si aquellos que cuestionan estas manifestaciones de la fe individual laboran normalmente los días festivos de la religión católica. ¿O acaso descansan igual que todos los que profesamos esa fe, en su cómoda silla de opinar?
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