Fue precisamente la Corporación Jurídica Libertad, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace varios años, la encargada de emitir este martes 12 de marzo, un comunicado en el que, firmado por asociaciones como Asociación Campesina de Antioquia – ACA, la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente antioqueño – ASOPROA, la Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA, y en total 50 entidades, rechazan la captura y judicialización del concejal del municipio de San Francisco, Ancísar de Jesús Morales Zuluaga, y califican el hecho como un “montaje judicial”.
En el comunicado se resalta lo siguiente:
“Durante los días 9 y 10 de marzo se llevaron a cabo las audiencias preliminares donde se evidenció que dentro de los elementos que soportan las acusaciones se encuentran dos declaraciones, una de ellas de una persona que precisamente ANCÍSAR había denunciado frente a la fuerza pública del municipio por la venta de estupefacientes.
En la audiencia de imputación también le endilgan el delito de tenencia de armas de fuego porque en el allanamiento realizado a su residencia rural en la vereda Boquerón, fue encontrada una escopeta, elemento que culturalmente se utiliza en el territorio para la consecución de la carne en zona de bosque.
Estas son graves acusaciones contra un defensor de derechos humanos, que proviene de una familia humilde, víctima de crímenes de Estado (ejecución extrajudicial), y que se ha destacado por ser un líder social, comunal y campesino que ha ayudado a emprender programas dirigidos hacia esta población. Además, en su labor como concejal se ha destacado por ser uno de los pocos que se atreve a denunciar la criminalidad y el aumento del consumo de estupefacientes y microtráfico en su municipio, y ha sobresalido justamente por preocuparse por el bienestar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes adelantando campañas de prevención”.
Aseguraron que el tipo de acciones loables y en pro de la comunidad realizadas por el Concejal fueron certificadas por las autoridades del municipio: el Alcalde, Comandante de Policía y Presidente del Concejo Municipal; así como por voceros de distintas instancias como el Párroco del pueblo, el Coordinador del colegio municipal, el Gerente del hospital y un sinnúmero de organizaciones sociales y habitantes del municipio. Certificaciones que, según ellos, se pudieron a disposición del juez de control de garantías, quien las desestimó y por el contrario consideró a Ancísar como un peligro para la comunidad.
