El Juzgado Promiscuo Municipal de San Francisco, Antioquia, sancionó al alcalde de San Luis, César Abad Buitrago Arias, y a la secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico del municipio, Zoraida de Jesús Quiceno Giraldo, con tres días de arresto domiciliario y una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente (27,5 UVT), debido al desacato de un fallo judicial.
La sanción fue emitida tras el incumplimiento de una sentencia de tutela que ordenaba responder un derecho de petición presentado por Julio Arturo Ceballos Moreno, quien solicitaba la prescripción de deudas relacionadas con el impuesto predial.
Antecedentes del caso
El derecho de petición fue radicado por el señor Ceballos ante la Alcaldía de San Luis, pero no recibió respuesta. Como medida de amparo, interpuso una acción de tutela, que fue fallada a su favor el 27 de septiembre de 2024. Sin embargo, la administración municipal tampoco cumplió con la orden judicial de responder de manera completa y fundamentada.
Ante esta omisión, el accionante inició un incidente de desacato, que concluyó con la sanción impuesta por el juzgado. En su decisión, la juez destacó la negligencia de los funcionarios y la vulneración de los derechos fundamentales del solicitante, especialmente al tratarse de una persona de la tercera edad que buscaba regularizar su situación tributaria.
Implicaciones legales y éticas
El fallo subraya la obligación de los servidores públicos de cumplir con sus deberes constitucionales y legales, así como de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, el juzgado advirtió que la negativa a responder la petición bajo argumentos como “políticas financieras” contraviene las normas vigentes y los principios del debido proceso.
Esta decisión es apelable ante el Juzgado del Circuito correspondiente. Entretanto, el caso genera un llamado de atención sobre la importancia de la transparencia y la diligencia en la administración pública.
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