El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advirtió sobre un posible aumento de la violencia armada en Colombia durante el periodo preelectoral que antecede a las elecciones presidenciales de 2026. Según el más reciente informe de la entidad, los líderes sociales continúan siendo uno de los sectores más vulnerables, particularmente en departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander, y en Bogotá.
El documento advierte que, de mantenerse las tendencias históricas, diciembre de 2025 podría cerrar con un repunte en los homicidios contra defensores de derechos humanos, fenómeno que Indepaz relaciona con los patrones de control territorial que suelen intensificarse en coyunturas políticas. La organización señaló que la violencia, en muchos casos, ha sido utilizada como un instrumento de presión y control sobre las comunidades durante periodos electorales.
Leonardo González, director de Indepaz, indicó que las zonas rurales son las más golpeadas por este fenómeno. Los líderes comunales, por su trabajo en la implementación de los Acuerdos de Paz y su oposición a megaproyectos extractivos, se han convertido en objetivo de grupos armados ilegales. “Hay evidencias de una instrumentalización de la violencia para condicionar la acción política en los territorios”, indicó.
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Entre las poblaciones más afectadas se encuentran las comunidades indígenas, que continúan enfrentando amenazas por la defensa del territorio y sus procesos de autonomía. En el caso de Antioquia, el Bajo Cauca aparece nuevamente como una de las subregiones más críticas. Solo en el municipio de Tarazá, Indepaz registró 29 líderes sociales asesinados entre 2016 y 2023, lo que lo ubica entre los lugares con mayor índice de homicidios de este tipo.
El informe plantea que la persistencia de estos hechos refleja una deuda estructural del Estado colombiano en materia de protección a los defensores de derechos humanos. Indepaz hizo un llamado al Gobierno nacional para atender las alertas y garantizar condiciones de seguridad en los territorios, especialmente de cara al proceso electoral que se avecina. “El incremento de los homicidios contra líderes sociales evidencia la falta de una política efectiva de prevención y protección. Sin garantías, se debilita la participación ciudadana y la democracia en los territorios”, concluyó González.
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