Este 23 de febrero, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que después de reunirse con autoridades militares, de Policía, Fiscalía, ICBF y entidades gubernamentales de Antioquia, solicitó a la Gobernación convocar un Consejo de Política Social Ampliado donde se aborden principalmente los temas de reclutamiento forzado, explotación sexual infantil y deserción escolar en el departamento.
Lo anterior se debe a las denuncias que se hicieron públicas hace unas semanas sobre presunto adoctrinamiento y reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las disidencias de las FARC, en escuelas rurales del municipio de Yarumal.
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Tras eso, la procuradora Margarita Cabello Blanco conformó una comisión especial integrada por los Delegados de Infancia, Derechos Humanos y Acompañamiento al Proceso de Paz. Uno de los propósitos principales era verificar la situación y tomar medidas urgentes con el fin de contrarrestarla.
En la reunión de este jueves, las autoridades se comprometieron a diseñar un plan con acciones específicas para frenar la ocurrencia de este fenómeno; asimismo, a consolidar bases de datos del nivel nacional, departamental y municipal para identificar la totalidad de niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados, desvinculados e ingresados a los distintos programas del ICBF.
Finalmente, queda pendiente la creación de una estrategia con enfoque diferencial y étnico para atender las necesidades específicas de grupos indígenas en el Bajo Cauca, Urabá, Suroeste y Nordeste Antioqueño.
