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Más de 30 municipios de Antioquia están afectados por el paro armado del Clan del Golfo

  • Luego de la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a los Estados Unidos, se empezaron a sentir las represalias del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia. Los principales afectados han sido los conductores, dado que más de 30 vehículos han sido quemados.

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  • Vehículo incinerado en El Bagre, Antioquia.
    Vehículo quemado en El Bagre, Antioquia. Foto: cortesía.

    Todo comenzó en la noche del 4 de mayo, cuando una tractomula fue atravesada en la carretera que comunica a Medellín con la costa Atlántica a la altura del corregimiento de Puerto Valdivia. Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes hubo varios hostigamientos por parte de grupos armados ilegales en contra de la Policía y continuó la quema de vehículos.

    En el Comando de Policía de Antioquia, ubicado en Medellín, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a los hechos que alteren el orden público en el marco del paro armado, el cual está afectando la libre movilidad y la economía en el departamento. Las autoridades dieron a conocer que continuarán hasta nueva orden los patrullajes del Ejército y la Policía, tanto en los municipios como en las vías del territorio. Así mismo, ofrecen una recompensa de hasta $10 millones a quienes den información de los autores de los hostigamientos. Hasta el mediodía de este viernes 6 de mayo se ha dado captura a 19 personas en Antioquia.

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    Aníbal Gaviria, mandatario departamental, aseguró que los hechos son terroristas y que han violado sistemáticamente el derecho internacional humanitario, pero advirtió que tienen con qué retomar el control: “Estamos viviendo momentos difíciles, pero ya hemos superado situaciones similares”.

    La Fiscalía General de la Nación abrió una serie de investigaciones encaminadas a judicializar a los responsables de las escenas ilegales que han surgido en las últimas 24 horas.

    De ser hallados los responsables, estas personas deberían responder por delitos como terrorismo —que contempla penas de hasta 22 años—, daño en bien ajeno, obstrucción a vías y constreñimiento ilegal.

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