El Grupo de Operativos de la Secretaría de Hacienda de Antioquia realizó el proceso de desnaturalización o destrucción de 172.805 unidades de licores, cigarrillos e insumos para la producción de bebidas alcohólicas falsificadas o de contrabando.
Los productos estaban avaluados en $675 millones. Esta es la segunda destrucción que se realiza en el año y que deja un total 391.017 unidades destruidas.
Todos estos productos fueron aprehendidos en diferentes operativos llevados a cabo en el departamento entre el mes de julio de 2022 hasta la fecha.
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La destrucción de estos productos aprehendidos se hace, primero, porque la ordenanza así lo exige; esto evidencia que estos productos nunca son comercializados por alguna entidad o rematados como a veces se dice. La Gobernación de Antioquia siempre destruye estos productos para que no pasen al mercado ilegal nuevamente
explicó el director del Grupo de Operativos de Antioquia, Óscar Mauricio Usme.
Las autoridades indicaron que el proceso de destrucción de la mercancía se realiza de manera manual y amigable con el medio ambiente, como establece la normatividad.
El director señaló también que los licores se vacían en isocubos y luego se transportan a la planta de tratamiento de agua San Fernando. Este líquido actúa como fuente de nutrientes para las bacterias encargadas de oxigenar el agua.
Por su parte, los cigarrillos y el tabaco son pulverizados por un molino mecánico y transformados en abono, mientras que las botellas son trituradas y reutilizadas. De esta manera, se evita que lleguen al relleno sanitario.
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Entre el material destruido están:
- 83.843 elementos secos como tapas, cajas, etiquetas, entre otros.
- 71.987 cajetillas por 20 cigarrillos.
- 16.653 licores falsificados y de contrabando.
- 255 aperitivos y similares.
- 180 tabacos.
- 33 alcoholes potables ilegales.
- 34 unidades entre cervezas, sifones, refajos y mezclas.
Las jornadas de destrucción contaron con el acompañamiento de representantes de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, la Contraloría, la Procuraduría y la Asamblea departamental, quienes garantizaron la transparencia del proceso.
