La llegada de una Tesla Cybertruck al municipio de Necoclí, Antioquia, se convirtió en todo un acontecimiento esta semana. El lujoso vehículo, valorado en 900 millones de pesos, pertenece a Javier Arias Castañeda, conocido como Javier Arias Stunt, un influencer con más de 1.1 millones de seguidores en Instagram, reconocido por su contenido de acrobacias en motocicletas, su estilo de vida ostentoso y sus conexiones con artistas como J Balvin y Nicky Jam.
Sin embargo, el espectáculo mediático que genera el influencer también ha llamado la atención de las autoridades. Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar en Colombia, inició dos investigaciones contra Arias por, presuntamente, organizar rifas de alto valor sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley 643 de 2001.
De acuerdo con la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), Arias estaría promoviendo sorteos de vehículos, apartamentos y electrodomésticos a través de sus redes sociales sin las autorizaciones correspondientes. “Estas actividades constituyen una forma de juego ilegal que perjudica a los operadores legales y a la sociedad en general”, afirmó Evert Moreno, representante de Fecoljuegos.
Las investigaciones se centran en las actividades de las empresas de Arias, ACJ Digital Revolution SAS y Javier Arias Stunt SAS, que no figuran como operadores registrados ni han solicitado permisos para las rifas. Según Coljuegos, estos sorteos solo pueden realizarse de manera esporádica y con autorizaciones específicas, condiciones que, al parecer, no se han cumplido.
La aparición de la Tesla Cybertruck en Urabá no solo generó furor entre los habitantes del municipio, quienes buscaban una foto con el vehículo, sino también el interés de las autoridades de control. Mientras tanto, el influencer no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.
El caso plantea un debate sobre la regulación de las actividades económicas en redes sociales y el impacto de los influenciadores en sectores como el de los juegos de azar, donde las normativas buscan proteger tanto a los participantes como a los operadores legales.
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