Por ser los presuntos responsables de los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación, en hechos relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, Hidroituango, la Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM, Jorge Ignacio Castaño Giraldo; al representante legal del consorcio constructor CCC Ituango, Santiago García Cadavid; y al representante legal y gerente de la interventoría del proyecto, Álvaro Aravi Castro Vásquez.
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Según el ente investigador, la implementación del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) de Hidroituango, para desviar el río Cauca, y la puesta en marcha de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) modificaban el diseño original del megaproyecto con obras no licenciadas —incumpliendo la normatividad ambiental y sin el estudio de impacto—, que fueron pagadas por un valor superior a 339 107 millones de pesos en favor de los contratistas.
Las obras se adelantaron sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se pronunciara sobre aspectos como compensación, mitigación, control, manejo, seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como los requerimientos sociales y ambientales, lo cual, según la Fiscalía, causó una afectación grave a los ecosistemas y ocasionó daños irreparables al suelo, al recurso hídrico, a la fauna y la flora de la región.
El consorcio y la interventora presuntamente impusieron a la generadora eléctrica un funcionamiento no previsto en el diseño original, con consecuencias negativas para los recursos naturales y el medio ambiente, y en la zona de influencia del proyecto, en la cuenca media y baja del río Cauca.
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Por su parte, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, en su condición de director Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM, supuestamente habría consentido estas decisiones contrariando sus funciones en materia de gestión ambiental y social.
Señalan que los más afectados por esta situación fueron los pescadores, agricultores, mineros artesanales y demás pobladores residentes en el cañón del río Cauca, quienes vieron afectada su subsistencia económica. Por último, los imputados no aceptaron los cargos formulados por el Grupo de Trabajo de Hidroituango, adscrito a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
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