La JEP imputó responsabilidad penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales del Ejercito, antiguos miembros de la Cuarta Brigada de Medellín, por la presunta planeación y ejecución del patrón macrocriminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente, para ser presentadas como falsas bajas en combate por los militares en el departamento de Antioquia entre 2004 y 2007.
Una cuarta parte de los 6.402 falsos positivos ocurrieron en Antioquia, entre los cuales 203 personas fueron desaparecidas y 41 de ellas, torturadas. El Oriente antioqueño, con 182 casos, es la región más afectada por esta práctica sistemática, seguida por el Valle de Aburrá, con 122 “falsos positivos”, y el norte de Antioquia, con 62 víctimas.
Los hechos, según indicaron, correspondían a política de facto de “conteo de cuerpos” era sumar la mayor cantidad posible de bajas “en combate”.
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Explicaron que el Ejército Nacional logró replegar y vencer a las guerrillas del ELN y las Farc-EP que tenían gran parte del control militar en el Oriente Antioqueño, en especial el Oriente Lejano, en varias comunas de Medellín, el Nordeste y el Bajo Cauca a inicios de los 2000. Sin embargo, la inmensa mayoría de los falsos positivos en Antioquia ocurrieron posterior a la fase crítica de la confrontación militar de las guerrillas, porque los comandantes, según la JEP, siguieron exigiéndoles a las distintas unidades militares que debían producir bajas en combate.
La primera modalidad consistía en el asesinato de civiles retenidos previa y arbitrariamente señalados como milicianos. La segunda modalidad consistía en captar víctimas mediante falsas ofertas de trabajo. La tercera consistía en asesinar combatientes enemigos rendidos, heridos o capturados, que se entregaron a la tropa tras haber sido parte de un enfrentamiento armado, y la cuarta se trató del asesinato oportunista de personas que estaban en lugares donde las tropas se encontraban de paso.
Dicho ministerio público encontró que desde el 2003 hubo alertas por estas prácticas a través de la Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, ONG y la prensa, pero estas fueron desestimadas por la fuerza pública.
Las personas asesinadas fueron 413 hombres jóvenes, 19 mujeres, 15 de ellas asesinadas en el Oriente antioqueño y, del total, 26 eran niños y niñas. La mayoría de las víctimas eran campesinos, habitantes de barrios populares de Medellín y personas en condiciones de vulnerabilidad.
Los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas sufrieron graves consecuencias en su salud física y mental como depresión, trastornos de ansiedad y esquizofrenia, entre otras y enfrentaron amenazas, desplazamientos forzados, estigma, revictimización y una serie de barreras para acceder a la justicia.
Por último, los 41 investigados por estos hechos pueden aceptar su responsabilidad y aportarán verdad ante el país, o rechazar las imputaciones y ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, para que esta decida si los acusa ante el Tribunal para la Paz, el cual, después de un juicio, puede condenarlos a hasta 20 años de cárcel.
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