El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado, que este viernes 13 de febrero anunció la suspensión provisional del decreto, implementado por el Gobierno nacional, que establecía el aumento del salario mínimo en cerca del 23 % para el 2026, una medida impulsada por la Administración del presidente Gustavo Petro.
Rendón señaló que su postura no se opone a que los trabajadores tengan mayores ingresos, pero insistió en que las decisiones en materia económica deben analizarse teniendo en cuenta la realidad del país y la informalidad laboral.
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«Y si la riqueza se pudiera decretar —como lo dijo Jorge Iván González, el exdirector de Planeación, el primero que tuvo este Gobierno—, pues hacer política pública, hacer economía, manejar la economía, conducirla, sería muy fácil. Porque entonces uno le encomendaría la tarea a unos abogados que escriban muy bien y decretaríamos ser ricos todos y ya seríamos ricos todos, pero así no es la realidad», dijo.
Según el mandatario departamental, el aumento del salario mínimo propuesto por el Gobierno Petro estaba condicionando a la Gobernación de Antioquia a asumir 770 000 millones de pesos en sobrecostos de obras de infraestructura y vivienda, además de aumento de los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda.
«Lo más seguro que iba a terminar aconteciendo es que una vez se agotaran los recursos de los que disponíamos y al no contar con 700 000 millones de pesos de más, íbamos a tener que reducirle el alcance a programas o a las obras, a las licitaciones que se adjudicaron el año pasado y que no contaban con ese incremento», dijo.
Finalmente, el gobernador reiteró que el debate debe centrarse en medidas que realmente fortalezcan la economía y mejoren las condiciones de vida de la población.
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