En el barrio La Esperanza, muy cerca del parque principal de Amagá, en el Suroeste Antioqueño, el gobernador Andrés Julián Rendón comenzó a cumplir una de las principales promesas que hizo en campaña: demoler las viviendas usadas para la comisión de delitos.
En total, 18 “casas de vicio” fueron demolidas, en 13 predios. Las propiedades habían sido evacuadas hace pocos meses por estar en zona de alto riesgo, pero fueron ocupadas por grupos ilegales conformados, según las autoridades, por migrantes venezolanos principalmente.




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Allí no solamente vendían estupefacientes, sino que también coordinaban homicidios, extorsiones y fleteos. Incluso, encontraron contabilidad de los hurtos cometidos a los mineros, quienes venían siendo atracados los sábados cuando cobraban los salarios.
El operativo se realizó con dos máquinas retroexcavadoras y cuatro volquetas. Próximamente se conocerá si en el sitio se construirán algunas obras sociales.
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En el lugar continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, que serán sometidos a análisis técnico especializado.









