La Gobernación de Antioquia suscribió un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que permitió el traslado de 100 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía y unidades militares hacia establecimientos del sistema penitenciario.
La medida, ejecutada a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, tiene como objetivo la descongestión de los Centros de Detención Transitoria (CDT), así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-122 de 2022, relacionadas con las condiciones de reclusión en estos espacios.
De acuerdo con la información oficial, del total de personas trasladadas, 60 se encontraban en estaciones del Departamento de Policía Antioquia, 37 en instalaciones del Departamento de Policía Urabá y 3 en la Brigada XVII del Ejército Nacional.
El convenio establece la continuidad de esta estrategia institucional. Según lo previsto, durante el primer semestre de 2026 se realizará el traslado de otras 80 personas privadas de la libertad, bajo el mismo mecanismo de articulación interinstitucional.
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