El respaldo de algunos congresistas a la llamada "Vaca por Las Vías de Antioquia", iniciativa destinada a recaudar fondos para la finalización de obras viales en el departamento, ha desatado una feroz controversia.
La "vaca", impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha polarizado opiniones desde su concepción, e incluso se han planteado preocupaciones sobre posibles ingresos de dinero ilegal. Sin embargo, a pesar de las críticas iniciales, ha recibido un sólido respaldo de sectores políticos, incluyendo a varios congresistas. No obstante, este apoyo ahora los coloca en el ojo del huracán legal.
Los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrés Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina, junto con los representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Martínez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez, se enfrentan a una demanda por sus contribuciones a la "vaca".
El demandante, Carlos Mario Patiño, argumenta que al tratarse de donaciones a una entidad pública, en este caso, la Gobernación de Antioquia, los legisladores estarían violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución Política. La pretensión de la demanda es la pérdida de investidura de los congresistas implicados.
La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado desencadenará un proceso en el cual los congresistas tendrán que presentar sus argumentos. Además, un delegado del Ministerio Público deberá emitir un concepto sobre el caso.
La mayoría de los congresistas demandados son miembros del Centro Democrático o pertenecen a la bancada antioqueña, salvo el representante Peinado, quien es del Partido Liberal. Aunque no todos los implicados se han manifestado hasta el momento de redactar esta nota, se espera que lo hagan en las próximas horas.
Mientras tanto, la "Vaca por las Vías Antioquia" ha logrado recaudar una suma significativa, con 9 mil personas aportando lo suficiente para reunir 3.000 millones de pesos de los 1 billón necesario para finalizar las obras de las carreteras 4G del departamento. El escándalo legal que rodea estas donaciones amenaza con generar una crisis política en la región.
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