El Consejo de Estado condenó a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) después de 30 años de la construcción de la Hidroeléctrica Guatapé, indicando que las inundaciones ocurridas en el caudal del río, que afectaron al municipio de San Rafael, fueron producto de esta construcción.
Según el diario el Portafolio, el tribunal estableció que entre 1987 y 1996 no habría condena por inundaciones, por haberse vencido el plazo establecido para presentar demandas de reparación, pero sí consideró y aceptó las quejas por siete inundaciones que sucedieron entre julio de 1998 y diciembre del 2000.
De esta manera, fueron 108 familias las que demostraron que el desbordamiento del río Guatapé fue consecuencia de proceso de socavación y erosión. Por esta razón, el fallo le dio la razón a los afectados, ordenando a EPM el pago de una indemnización que alcanza los 550 millones de pesos.
El tribunal ordenó a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de San Rafael y a la Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare (Cornare), que se implemente un plan de gestión del riesgo para estos casos.
MiOriente se comunicó con el director de Planeación y Generación de Energía EPM, Santiago Villegas Yepes, quien informó que "la Central Guatapé entró en segunda fase de construcción durante el período de 1989 y 1980, donde después de haber entrado en operación, se evidenciaron unos impactos que no estaban previstos en el diseño de la central que afectó algunos predios de San Rafael".
Después de varios años, en 1996 se realizó por parte de EPM la identificación, caracterización y reubicación de dichos predios, que fueron reemplazados por la construcción del Barrio Jardín ubicado en el casco urbano de San Rafael, el cual estaba destinado para las familias que fueron afectadas por dicha soncavación. "Todo este proceso se realizó por parte de EPM para reubicar a las personas que fueron afectadas por la construcción de la Central", afirmó Santiago Yepes.
Según el vocero de EPM, "hubo un grupo de personas del municipio de San Rafael con quienes no fue posible negociar, porque tenían pretenciones mucho más altas, así que decidieron acudir a la justicia, para que fuera un juez quien determinara la situación de los predios que debía atender epm", precisó.
Inicialmente fueron 108 familias las denunciantes ante el Consejo de Estado, pero hasta el momento son 31 familias a quienes se les aceptó el fallo y se les realizará el pago oportuno por parte de EPM de estos predios. Sólo falta esperar que el grupo accionante realice las aclaraciones pertinentes de este proceso de demanda, para iniciar con el debido pago y cumplimiento de la deuda.
