El próximo 28 de julio a partir de las 10:00 a. m., de manera virtual, se llevará a cabo una audiencia pública potestativa que la Procuraduría General solicitó ante el Consejo de Estado con el fin de que distintas entidades que hacen parte del Gobierno argumenten las razones por las cuales se incluyó a los hipopótamos como una especie invasora en Colombia.
En su petición realizada desde inicios de abril de este año, la Procuraduría detallaba la necesidad de realizar análisis de criterios jurídicos, legales y científicos de la resolución 0346 de 2022 del Ministerio de Ambiente, antes de proferir una sentencia en medio de la demanda interpuesta por un ciudadano que busca la nulidad de dicha resolución para que el actual status de la especie sea eliminado.
El Consejo de Estado encontró como válidos los argumentos del ente de control como coadyuvante frente a la demanda, referidos por la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, respondiendo afirmativamente y añadiendo que el debate involucra un interés general
indicó la Procuraduría.
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De esa manera, se espera que en el encuentro el próximo 28 de julio participen expertos de instituciones como el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana, la Facultad de Biología de la Universidad de los Andes, el Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con el fin de que estos entreguen sus respectivas consideraciones sobre la situación que tiene consecuencias sobre todo en la región del Magdalena Medio antioqueño.
Es de resaltar que ante el riesgo que representa la especie por su capacidad reproductiva y la seguridad humana y de otras especies, a finales de marzo se firmó un memorando de entendimiento entre diferentes entidades para trasladar 70 hipopótamos a santuarios de fauna en países como India (10) y México (60), un proceso que podría tener un costo cercano a los 3,5 millones de dólares.