En un giro significativo en el caso Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha presentado una demanda contra los contratistas y aseguradores del proyecto hidroeléctrico, reclamando 9,9 billones de pesos (aproximadamente 2,5 mil millones de dólares) en daños y perjuicios. La demanda, inicialmente presentada en 2021, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en junio de 2024.
La controversia surge a raíz de una serie de problemas y retrasos significativos durante la construcción de la central hidroeléctrica, culminando en una grave contingencia en 2018, cuando el colapso de un túnel causó importantes daños al río Cauca y afectó a las comunidades locales. EPM alega que estos incidentes resultaron en costos adicionales que buscan recuperar mediante la demanda.
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El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha calificado este evento como “el mayor escándalo de corrupción en la historia de Antioquia”, y ha celebrado la reciente decisión del tribunal. La disputa legal entre EPM y los constructores de Hidroituango marca un precedente en la rendición de cuentas de los grandes proyectos de infraestructura.
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