En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama (2012-2015), por las presuntas irregularidades presentadas en el proceso de contratación del túnel del Toyo, ubicado a 70 kilómetros de Medellín, en jurisdicción del municipio de Giraldo.
Según la Procuraduría, al parecer, el entonces gobernador habría suscrito de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para la administración y pago de los recursos destinados al proyecto por la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, que ascendían a más de 1,3 billones de pesos, cuando lo pertinente era la contratación de una fiducia mediante la convocatoria de una licitación pública.
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Para el Ministerio Público, Fajardo Valderrama no podía desconocer ni variar el contenido de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto. Además, el Idea no tenía la capacidad para asumir las obligaciones del contrato suscrito, pues no es una sociedad fiduciaria y por lo tanto no cumple sus roles ni sus funciones.
El órgano de control señaló que no era viable jurídicamente que el gobernador Fajardo suscribiera un convenio a través del cual se modificaba irregularmente el convenio interadministrativo de colaboración mencionado, “habilitando, contra la ley, la suscripción directa de un contrato interadministrativo con el Idea, es decir omitiendo la selección objetiva”.
Y agregó que Fajardo Valderrama “al parecer fue irresponsable en el ejercicio de su función, ya que permitió, habilitó y dispuso la modificación ilegal del convenio interadministrativo no sólo sin contar con las entidades estatales que lo habían suscrito inicialmente, sino también vulnerando los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, con el fin de entregar la administración y manejo de los recursos destinados para el Proyecto Túnel El Toyo al Idea”.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la aparente conducta del exgobernador como una falta gravísima cometida a título de dolo.
