Fue en la mañana de este domingo 26 de mayo que se reunieron, en Rionegro, la comunidad de varias veredas aledañas al Aeropuerto José María Córdova con funcionarios de la Aerocivil y del Consorcio ETA CNS, encargado de realizar los estudios para lo que sería la segunda pista del terminal aéreo. ¿El motivo? Socializar, según el consorcio, “las actividades propias de la consultoría y la metodología a seguir”.
Según informó el medio local orientese.co, Aldemar Pinzón, funcionario de la Aerocivil y supervisor del contrato, “en 2014 se elaboró el Plan Maestro del terminal aéreo, se estableció la necesidad de una segunda pista y se cuantificaron los predios que se requerían y los cuerpos de agua que se afectarían, con el fin de valorarlos”.
Además, Pinzón dijo que “con base en ese Plan Maestro, la Aerocivil estableció que para el proyecto se requieren un número determinado de hectáreas”, y que la entidad expidió una resolución declarando esos predios como de “interés público”, por lo que sus propietarios no pueden construir, ni hacer reformas de ningún tipo, ni vender.
De acuerdo a Luis Enrique Correa Sánchez, abogado de la Veeduría Vida y habitante de la vereda Abreito, en la reunión se definió que "de acuerdo a unas peticiones de la comunidad le realizó al consorcio y la Aerocivil, se definió un nuevo perímetro de aproximadamente 400 hectáreas".
¿Qué dice la gente?
Como era de esperarse, lo expresado por Pinzón no cayó muy bien entre los propietarios, quienes en su mayoría son habitantes de las veredas Abreo, Abreito, Chachafruto y El Carmín.
Para Luis Enrique Correa Sánchez, “la comunidad se siente perjudicada con el tema porque la zozobra que se está viviendo desde hace más de tres años (cuando se anunció el proyecto) es muy dura. La Aerocivil tomó la decisión de afectar los predios desde hace más de dos años y no se vislumbra todavía ninguna decisión”.
Explicó Correa que, fuera de que los propietarios no pueden vender, deben seguir pagando los impuestos y el mantenimiento de cada propiedad, “pero no pueden hacer mejoras, no pueden hacer ninguna obra y eso afecta tremendamente a la comunidad”.
El pago de impuestos…
En este aspecto el panorama no deja de ser preocupante para las familias vecinas del Aeropuerto José María Córdova, pues aunque la Aerocivil está exenta de gravámenes como entidad estatal, lo cual representaría, en el caso de que la segunda pista sea una realidad, dejar de recibir entre 3.000 y 4.000 millones de pesos anuales por las unidades prediales que harían parte de la intervención, los propietarios, aun cuando sus predios están de cierto modo “congelados”, deben pagar impuestos.
Al respecto, Luis Gonzalo García Espinosa, vocero de la veeduría, afirmó que la comunidad vive una situación compleja porque, además de pagar impuesto predial y valorización, “no pueden disponer de sus predios de manera libre para construir o modificar, e inclusive para vender, y por lo tanto consideramos que es un atropello el que estamos sufriendo, puesto que para pagar impuestos no tenemos ningún problema, pero para disponer de sus predios sí los tenemos”.
El dilema para esas familias, según el Vocero, va más allá, pues de acuerdo a la comunidad, los precios de la tierra de los que se habla en el Plan Maestro de ampliación del aeropuerto son desproporcionados.
“Insinúan que el metro cuadrado en las zonas aledañas al terminal estaría rondando los 19.000 pesos, lo que se traduce en que una hectárea estaría en cerca de 190 millones de pesos y de esa cantidad se descontarían, vía impuestos, cerca de 90 millones de pesos”.
Esto significa, según García, una vulneración de los derechos de la comunidad, ya que “si una persona vende una hectárea de terreno le quedarían alrededor de 100 millones de pesos con los que no puede rehacer su vida dignamente en Rionegro. Con ese precio ni siquiera alcanza para un apartamento y en caso que le alcance para ese apartamento, perdería su vocación agrícola y pecuaria porque allí no podría tener vacas ni gallinas”.
Por su parte, Jorge Restrepo, personero de Rionegro y asistente a la reunión del 26 de mayo, dijo que desde la Personería “se está acompañando esta problemática, haciendo unas exigencias del cumplimiento de derechos que para nosotros se vienen afectando. Esperamos que este contrato de consultoría de evaluación y diagnóstico refleje de manera objetiva el resultado de la valoración del componente ambiental y de derechos humanos que se ven afectados en la comunidad”.
Así las cosas, y de acuerdo al primer estudio del Plan Maestro socializado con la comunidad, serían aproximadamente 6.429 las familias campesinas que tendrán que vender sus predios a los precios que establezcan los avalúos de La Lonja de Propiedad Raíz, y posteriormente lidiar con el asunto de la reubicación.
