El Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro, mediante el oficio 4390 del primero de octubre de este año, dejó sin efecto la sanción impuesta contra la subsecretaria de Movilidad de Rionegro, Caterine Orozco Quintero, y según la cual esta funcionaria de la Alcaldía debía pagar tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos (SMLMV) por supuestamente haber incumplido el fallo de una tutela interpuesta por la Cooperativa de Taxis Individuales de Rionegro (Coopetaxi).
Cuatro años atrás
Se trata de un proceso judicial que se remonta al 2015, año en el cual el entonces alcalde de Rionegro, Hernán Ospina, le otorgó capacidad transportadora, mediante la resolución 1820, a dicha empresa de transporte de servicio individual.
Sin embargo, tal y como explicó Caterine Orozco, “según el decreto 1079 de 2015, para incrementar la capacidad transportadora de una empresa es necesario hacer primero unos estudios previos, técnicos, que determinen que el municipio necesita un incremento de capacidad, proceso que debe hacerme mediante sorteo público y no a dedo”.
De ese modo, el 27 de abril de 2016 la Administración Municipal de Rionegro, mediante el decreto 222, suspendió la resolución 1820 del 2015 que incrementaba de la capacidad transportadora y el ingreso de vehículos de servicio individual, hasta tanto no existieran estudios que determinaran dicha necesidad. De hecho, actualmente esos estudios técnicos están siendo analizados por el Ministerio de Transporte, entidad encargada dar el aval para aumentar la capacidad transportadora.
Con todo, por esas fechas Coopetaxi solicitó mediante una tutela que se cumpliera la resolución 1820 del 2015. “A la empresa (Coopetaxi) le habían dado unos cupos que debían cumplirse presumiendo la legalidad de la resolución (1820) que no fue demandada por la Alcaldía y a la cual no le han dado cumplimiento”, indicó Rodrigo Agudelo, representante legal de Coopetaxi y concejal de Rionegro.
Los derechos de petición y la reactivación del proceso
Mientras tanto, en mayo de este año, varias empresas de transporte de Rionegro, entre ellas Coopetaxi, presentaron a la Subsecretaría de Movilidad un derecho de petición solicitando, entre otra información, una copia de los estudios técnicos de oferta y demanda en la modalidad individual, a lo que la subsecretaría se negó argumentando que “aún se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Transporte y no existe un acto administrativo que determine las necesidades, por tanto una vez sea revisado y adoptado será posible su publicación”.
No obstante, las empresas transportadoras volvieron a insistir sobre su interés de conocer los estudios mediante otro derecho de petición que interpusieron en julio del 2019. Esta vez, la Subsecretaria de Movilidad adjuntó a la respuesta el estudio para determinar la necesidad de transporte terrestre de pasajeros en vehículos tipo taxi en Rionegro, elaborado por la empresa Moreal Ingenieros S.A.S., y aclarando que el mismo aún se encontraba en proceso de revisión en el Ministerio.
La tutela interpuesta por Coopetaxi en 2016 solicitando información del porqué la Subsecretaría de Movilidad no le había dado cumplimiento a la resolución expedida durante el periodo de gobierno de Hernán Ospina, quedó estancada hasta septiembre de este año. “El proceso volvió a reiniciar ahora, y la juez dio un término de dos días para que la Subsecretaría de Movilidad se pronunciara”, dijo Rodrigo Agudelo.
La nueva obligación de esta dependencia de la Alcaldía de Rionegro era, en el término de 48 horas, dar cumplimiento a la resolución 1820 que amplía la capacidad transportadora de Coopetaxi, o de lo contrario argumentar las razones que le impedían hacerlo.
¿Un error logístico?
“En esos dos días, cuando la Administración Municipal se pronunció, el juez no quedó muy satisfecho con la respuesta. Luego les dieron un día para que volvieran a responder, y ellos no cumplieron con la respuesta”, añadió el Representante Legal, mismo que en consecuencia presentó un incidente de desacato.
Fue ese incidente de desacato el que llevó al Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro, mediante el oficio 4308, a sancionar a Caterine Orozco con tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos (SMLMV), decisión de la que fue notificada el lunes 30 de septiembre, cuando el oficio de la sanción ya había circulado por redes sociales todo el fin de semana.
Pero, ¿por qué la Subsecretaría de Movilidad no respondió a tiempo? Caterine Orozco explicó que la respuesta debía ser entregada a las 5 p.m., pero el correo llegó al juzgado a las 8:30 a.m. del día siguiente. “Yo asumí ese error en cabeza de mi Secretaría, le presenté el memorial del caso a la juez, ella lo revisó y se dio cuenta que no hay cómo abrir la sanción por el desacato”, explicó Orozco, quien argumentó que ya la Alcaldía había entregado a Coopetaxi la respuesta del porqué no había cumplido la resolución 1820 del 2015 para ampliar su capacidad transportadora, como quedó explicado en este artículo.
Textualmente, el Juzgado Segundo, que ya dejó sin efecto la sanción, indicó que “si bien la Subsecretaría de Movilidad de Rionegro no emitió respuesta al derecho de petición dentro del término señalado (…), la vulneración al derecho de petición cesó desde el mismo momento en que Coopetaxi recibió respuesta a la solicitud, así no haya sido accediendo a las pretensiones por este planteadas”.
Finalmente, Caterine Orozco dijo a MiOriente que “lo único que yo quiero es que se haga honor a la verdad”. Rodrigo Agudelo, por su parte, indicó que estará pendiente para saber cuál es el paso a seguir en este proceso que, mal o bien, está relacionado con las diferencias de conceptos que ya se han hecho evidentes entre algunos transportadores y la Administración Municipal sobre cómo debería funcionar el transporte en la ciudad.
