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Hasta ocho años de cárcel para quien trafique fauna y flora en Semana Santa

  • “Mi compromiso natural” es el nombre de la campaña liderada por cuarto año consecutivo por el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia (CIFFA); con ella, las autoridades departamentales pretenden controlar el tráfico de fauna y flora, en especial de la palma de cera, que generalmente se incrementa en la época de Semana Santa.

    Según informó la autoridad ambiental del Oriente, durante la Semana Mayor se efectuarán 86 operativos revista y 35 operativos de control a lo largo del departamento, y la Policía Nacional habilitará la línea 123 para la recepción de las denuncias sobre tráfico de especies.

  • Entidades como Cornare, Corpourabá, Corantioquia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre otras, estarán articuladas para vigilar este delito. “El Domingo de Ramos, por ejemplo, se entregarán en varias jurisdicciones eclesiásticas 21.700 plántulas ornamentales; además se invitará a los párrocos a buscar donaciones a través de las UMATA o viveros locales, para evitar el uso de la Palma de Cera, árbol nacional en peligro de extinción y hábitat del Loro Orejiamarillo”, explicó Cornare.

    Pero, ¿cómo pueden ayudar los ciudadanos a denunciar el tráfico de fauna y flora? En este caso, las autoridades recomiendan:

    (1) Llamar al 123 desde cualquier lugar del país.

    (2) Indicarle a la Policía Nacional la dirección del sitio en el que se está cometiendo el delito o dar referencias precisas para que las autoridades puedan llegar al lugar.

    (3) Hacer una descripción del perfil físico de las personas que están traficando con fauna o flora.

    Según el artículo 328 del Código Penal, quien introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos de especie amenazada o en vía de extinción o de los recursos genéticos, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, y una multa de hasta 35.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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