Nuevamente renacen las esperanzas de cerca de 800 familias que desde el año 2008 ven frustrado su sueño de tener una vivienda propia.
El pasado 26 de mayo la Alcaldía de Rionegro, mediante la Secretaría de Hábitat y Medio Ambiente, convocó a los postulados del proyecto Villa Camila, antes Casa Loma, para actualizar datos socioeconómicos y anunciar el reinicio de la construcción del proyecto.
En dicho acto se le habló a la comunidad a cerca del nuevo cierre financiero de acuerdo al crecimiento del SMMLV que ha variado del 2008 al 2013, “la vivienda de interés prioritaria por ley tiene un tope de 70 salarios mínimos mensuales que antes eran 31 millones 294 mil 204 pesos, mientras hoy son 41 millones 265 mil pesos, por unidad de vivienda” anunció Rodrigo Hernández Alzate, Secretario de Hábitat y Medio Ambiente.
Dicha información generó inconformidad e indispuso al público involucrado, porque indica que deben aportar más dinero del acordado como cuota inicial, es decir que ya no son 3 millones, sino 3 millones 961 mil pesos, y además el crédito familiar también presenta cambios, oscila entre los 19 millones 924 mil 060 pesos y los 23 millones 461 mil 060 pesos, determinado por el acuerdo 031 de 2013 donde se define el subsidio adicional de acuerdo al nivel de ingresos familiares y el puntaje el Sisbén.
Con respecto a lo anterior, el personero municipal Carlos Andrés García, afirma que “la situación económica indiscutiblemente afecta el proyecto, de modo que eso implica un aumento en la financiación de cada casa, y los retrasos, siniestros, incumplimientos y las demoras en la ejecución de la obra una u otra manera se ven reflejados”. Puntualizó en que se seguirá apostando por un proyecto de vivienda que necesita la comunidad de Rionegro con urgencia.
El Alcalde Hernan Ospina denunció públicamente que a pesar de que la anterior administración (Alcides Tobón 2008-2011) liquidó el contrato con el constructor en la primera quincena de diciembre de 2011 y luego de haber terminado el proceso administrativo de empalme, continuó postulando a posibles beneficiarios (resoluciones 1701 del 23 de diciembre y 1736 del 30 de diciembre de ese mismo año), actuando presuntamente de mala fe.
Foto: El Colombiano
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