Este hecho generó polémica entre los propietarios, quienes desde el momento en que fue decomisado el material comenzaron a instaurar acciones legales para lograr la devolución de la pólvora.
Lea también: Primer gran decomiso de pólvora en Rionegro
Por medio de comunicado público, la Federación Nacional de Pirotécnicos (FENALPI) dio a conocer su opinión sobre el caso y expresó que el local donde se llevó a cabo el decomiso contaba con los permisos técnicos del Ministerio de Defensa, documentos de la Cámara y Comercio, permisos de Bomberos y registros de importación del Ministerio de Comercio Exterior y de la DIAN.
Según el secretario de Gobierno, Hernán Álvarez, los propietarios interpusieron un recurso de apelación en contra de la decisión de la Policía de destruir el material, pero la Corregiduría Sur de Rionegro falló en segunda instancia declarando legal el procedimiento.
“Siempre que hay afectación de algunos intereses ilegales las personas van a reclamar que tenían el derecho. Lo significativo es que el proceso adelantando se ciñe a todos los requisitos de ley, y esa fue la fundamentación para destruir el elemento”, dijo Álvarez.
Carlos Andrés Carvajal, presidente de FENALPI, expresó a medios regionales que “las leyes no son de piedra pero sí son para respetarlas por los dirigentes del país. Puede que al señor Alcalde no le guste la pirotecnia, pero esto no es suficiente para ignorar los procesos legales que buscan respetar los derechos de diferentes actores de la sociedad”.
Se trata entonces del primero de muchos pleitos legales que seguramente se presentarán en municipios como Rionegro que, durante los últimos años, han intensificado su accionar en contra de la quema de pólvora especialmente en fechas como diciembre y enero.
